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Debate Prescripción enfermera. Conclusiones

1. El Decreto estatal de diciembre 2015 comúnmente llamado de Prescripción Enfermera, no resuelve la inseguridad jurídica de las enfermeras en su día a día, no facilita el trabajo en equipo ni prepara para los retos del aumento de enfermos crónicos. Creemos que debe ser revisado en profundidad y cambiada su filosofía, dejando de lado posturas corporativas de ambas partes y buscando la funcionalidad que permita un mejor funcionamiento del sistema sanitario público
2. La prescripción autónoma de productos sanitarios y de fármacos tópicos utilizados en las competencias generales del trabajo enfermero no plantea ningún problema de seguridad del paciente y debería legalizarse
3. En cambio creemos que una lista de fármacos autorizados como ocurre en Andalucía no sería la solución para hacer legal y seguro el uso de fármacos por enfermería en el día a día del trabajo en Centros y Servicios. Esto se resolvería mejor mediante protocolos “funcionales” descentralizados elaborados por clínicos y aceptados por la administración sanitaria
4. La prescripción colaborativa de fármacos indicados y controlados por el médico para procesos crónicos permite a la enfermera el seguimiento e incluso la modificación de tratamientos en base a protocolos. Es básica para un trabajo en equipo y para afrontar la cronicidad. Pero los protocolos en los que se basa deben ser elaborados por clínicos y descentralizados y no por instancias administrativas centralizadas y ajenas al desempeño tal como marca el Decreto
5. La acreditación de las enfermeras se basa en su formación básica y en la formación continuada. Los protocolos concretos de crónicos o “funcionales” en los que participen pueden requerir una capacitación adicional tanto clínica como farmacológica. La acreditación que exige el Decreto no la consideramos adecuada.
Salamanca 27 Abril 2016
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Comunicado Plataforma sanidad pública de Castilla y León

El Real Decreto Ley de 16/2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, supuso un punto de inflexión en el proceso de privatización y desmantelamiento del Sistema Sanitario Público, que se había iniciado con la Ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión en el Sistema Sanitario Público (SSP).

El RD Ley de 16/2012, sustituye el carácter de derecho universal de acceso a la atención sanitaria, por el de derecho de acceso sólo a l@s asegurad@s, retrotrayéndonos socialmente treinta años atrás, justo antes de que se aprobara la Ley General de Sanidad de 1986, dejando fuera del SSP a cerca de un millón de personas en el conjunto del Estado Español.

Esta medida fue el marco "legal" que permitió además recortes presupuestarios en más de 10.000 millones de euros, así como la eliminación de 53.000 plazas de trabajadores/as del SSP: auxiliares, enfermer@s, medic@s... cuestión que ha supuesto a su vez el incremento brutal de las listas de espera y el deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

Simultáneamente, y en coherencia con la ideología que está detrás del RD 16/2012, se han visto aumentados y reforzados los nefastos experimentos, siempre favorable a los intereses privados, de colaboración público-privada, que en el caso de nuestra Comunidad Autónoma afecta de forma dramática al Hospital Universitario de Burgos con una repercusión muy grave, especialmente desde el punto de vista presupuestario, sobre el conjunto del SSP en Castilla y León.

La Atención Primaria (AP) en nuestra Comunidad se ha visto muy especialmente perjudicada en los últimos años, ya que los recortes en personal y presupuestarios han sido especialmente intensos. En una Comunidad como la nuestra, con unas características demográficas y territoriales muy especiales (envejecimiento de la población y amplísima dispersión de ésta), los recortes sobre la AP tienen unos efectos especialmente perniciosos.

Los resultados de las últimas elecciones del 20D, han expresado que hay una amplia mayoría que rechaza las políticas liquidacionistas del SSP, impulsadas en la última legislatura por el Gobierno del PP. Por esto las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, consideramos que un Gobierno, tenga la composición que tenga, debe derogar el entramado legislativo que ha servido para potenciar el desmantelamiento y privatización del SSP, especialmente el RD 16/2012 y la Ley 15/97 . Así mismo se debe comprometer a recuperar para el sistema público a los centros transferidos a la gestión privada.

Solo un Gobierno que plantee una política sanitaria de estas características, será considerado legítimo por el movimiento en defensa de la sanidad pública.

ADSP Salamanca | Opiniones señaladas

 

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