La Incapacidad Temporal, las bajas laborales; su gestión y la evolución normativa, expresan perfectamente lo regresivo de la regulación sanitaria y social.
La elección de un Sistema Nacional de Salud significó que la sociedad se decantaba por proteger a los ciudadanos por el hecho de serlo, por superar desigualdades de salud, basando su desarrollo en una atención integral centrada en la atención primaria. Esta integralidad incluía también la salud laboral. La atención integral parte del estudio y control de todos los factores que inciden en la salud: personal, familiar, comunitario, laboral…
El gobierno actual ha elegido viajar hacia atrás en el tiempo en la regulación del sistema de salud. Ha recuperado el concepto “asegurado” para definir quien tiene derecho a la asistencia sanitaria; rompiendo así el espíritu del SNS que protege a todos los ciudadanos por el hecho de serlo y de pagar impuestos. Se trata de un retroceso de 30 años; retroceso legislativo y de justicia social.
Pero donde el viaje al pasado adquiere tintes dramáticos, por la deriva economicista y antisocial, es en la gestión de las bajas laborales.
La regulación regresiva, es cierto, se inicia en 1994, pero la última norma del pasado año entrega el control de esta prestación casi totalmente al Ministerio de Trabajo y a las Mutuas (agrupaciones de empresas).
¿Cómo puede aceptarse que un tema tan sensible y tan complejo como es valorar si el estado de salud permite o impide trabajar sean los propios empresarios o el ente pagador quien tenga la última palabra?
La evolución regresiva recrea un nuevo INP, donde lo económico primaba sobre lo sanitario. Desmonta la preeminencia de la protección a la salud a favor del control económico –una vez más, en esta enfermiza entrega de la política a los poderes económicos-. Además, esta regulación viene siendo un fracaso, porque no ha tenido resultados positivos. La evolución de las bajas tiene más relación con la crisis y el paro que con la regulación normativa. Pero mientras, se laminan los derechos de pacientes, ciudadanos y profesionales de la salud. Un ejemplo de ello es el dudoso derecho de acceso a los datos de salud por motivos de control de la baja por agentes externos al propio sistema de salud.
El control se basa en el vasallaje del sistema sanitario ante el gestor económico (INSS y Mutuas); en la profunda desconfianza hacia los médicos del sistema sanitario público en su gestión de las bajas, y en la sospecha inicial y generalizada de que todo trabajador en baja es un posible “defraudador”.
Es el único caso –excluida la justicia naturalmente- donde una Administración está, más que tutelada, colonizada por otra. El Sistema de Salud es vasallo del Ministerio de Trabajo, que le abona unos dineros si sigue fielmente sus dictados.
Que deben controlarse adecuadamente las bajas, es una obviedad. El dilema es cómo. Hacerlo por el camino actual, además de ineficaz, y muy caro -habría que exigir responsabilidades del enorme gasto producido y el escaso resultado obtenido- es lesivo para los trabajadores, para los sanitarios y para el sistema público de salud. Es iniciar una vuelta atrás a instituciones arcaicas donde “el seguro” todo lo abarcaba.
En un estado moderno, democrático, que defiende el bienestar social y aspira a la igualdad entre sus ciudadanos, el enfoque de este control de las bajas solo puede centrarse en la primacía del concepto de salud sobre el concepto económico, y por tanto en una gestión, rigurosa pero imparcial, desde el sistema de salud.
Salamanca, 30 de junio de 2015