Como muchas veces, lo aparente oculta lo esencial. Con el drama de la asistencia sanitaria a los inmigrantes pasa algo de esto.
La regresiva reforma del SNS que hizo el gobernante Partido Popular en 2012 dejó sin asistencia sanitaria a los que denominaba emigrantes ilegales. Por cierto, ninguna persona es ilegal.
Alegaba cuestiones de coste del sistema, sostenibilidad y coherencia con la regulación europea. Ninguna de estas razones era cierta, como mucho, solo aparentes. Europa no regula la política asistencial de los países; la sostenibilidad no está en riesgo por la asistencia a inmigrantes, y el coste del SNS, aunque inicialmente puede ser levemente más elevado por atender a esta franja de población, será exponencialmente más elevado, de no hacerlo. Baste solo referir la introducción en España de enfermedades tropicales importadas o el rebrote de antiguas patologías prácticamente erradicadas como la tuberculosis. Solo el coste que implicarían esas enfermedades sin control, superaría la inversión en asistencia a estas personas.
Pero lo verdaderamente regresivo de esa norma de 2012, no era la ignominia de dejar desasistidos a estos emigrantes, sino la reintroducción en el ámbito sanitario público del concepto de “asegurado”, en sustitución del término “protegido”.
El gran avance social que supone un SNS es que protege a las personas por el hecho de serlo, por ser ciudadanos, por pagar impuestos (y los paga toda la población que reside en un territorio; con la salvedad del denominado turismo sanitario), es considerar la sanidad de forma efectiva como un derecho innato de las personas.
Se superaba así el viejo concepto de solo tener derecho a asistencia sanitaria si se era “trabajador”, ese es el significado último de “asegurado”.
Desproteger a amplias capas de población, además de injusto socialmente, genera inestabilidad. Es sorprendente la absoluta miopía política de la casta conservadora, incapaz de prevenir acontecimientos de desvertebración social, incluso los provoca, yendo contra los intereses de la mayoría, pero finalmente también contra los suyos.
Una sociedad puede ser enjuiciada, puede ser valorada, por cómo trata a los más débiles, y desde luego los emigrantes –con papeles o sin ellos- lo son.
10 de septiembre de 2015
Miguel González Hierro