Recientemente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha conseguido un acuerdo entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, en el marco de las nuevas políticas de contención del gasto sanitario, la implantación de la prescripción de los medicamentos genéricos para todo el territorio nacional. La idea es ayudar a la sostenibilidad del sistema sanitario público ya que con esto se pretende ahorrar 2.400 millones de eurosal año. La medida ha sido inmediatamente contestada fundamentalmente por el sector de la industria farmacéutica, que ve sustancialmente disminuida su facturación, e incomprensiblemente por algún sector médico.
La OMS recomienda esta norma desde hace más de 25 años y hay muchos países en los que ya está implantada, lo que garantiza la independencia de la relación médico/fabricante actualmente en entredicho.
El Gobierno Autonómico de Andalucía ya la había establecido desde hace 10 años lo que ha supuesto un ahorro importante en el gasto farmacéutico (500 millones de euros) sin que haya habido un rechazo demasiado importante, ni un deterioro de los resultados o un trastorno significativo para los pacientes.
Hay un contrasentido en algunos discursos contra la medida: reconocen que los genéricos tienen la misma calidad que los de marca pero que, con esta norma, se coarta la libertad del médico para recetar lo que le parece mejor para el paciente. Sin embargo, en igualdad de condiciones parece de sentido común utilizar lo más barato.
Ahora se trata de no complicar a los pacientes con las asociaciones de medicamentos de uso tan frecuente como los antihipertensivos o tan caros como los del SIDA.
Con el ahorro sería deseable que el ministerio hiciera frente, de forma inmediata, a la deuda acumulada del gasto farmacéutico a lo largo de toda la cadena de dispensación.
Mientras tanto hay medicamentos bajo patentes que no tienen la utilización, absolutamente necesaria, en los países más pobres por el elevado coste.
Pablo de Unamuno. El Adelanto 6 Agosto 2011