Hasta hace bien poco, cuando la sanidad era solo privada, las familias tenían que decidir si hacer frente al coste de los tratamientos indicados por los facultativos, incluso con riesgo de arruinarse. Esta es una de las causas que originan el nacimiento de los sistemas colectivos de protección sanitaria, de ayuda mutua, que han evolucionado a sistemas universales o cuasi universales financiados por el conjunto de la sociedad.
El fin del sistema sanitario es evitar la enfermedad, o en su caso, el sufrimiento, o al menos aliviarlos.
Como suele decirse, la salud no tiene precio, pero las actuaciones sanitarias sí. Y un coste ciertamente importante. Cada vez nos encontramos con que existen intervenciones o tecnologías que permiten alargar la vida, pero a un coste elevado, o muy elevado.
Y es en este punto donde surge un conflicto tanto socio-político, como ético. El dilema entre actuaciones con precios crecientes, la justicia distributiva y los recursos disponibles de los sistemas públicos de salud.
Se puede y se debe contar con una financiación adecuada del SNS –hoy deficitaria respecto a estándares homologables-. Pero aunque esta financiación sea generosa, cubrir todas las demandas asistenciales, todas las tecnologías que vayan surgiendo, cada vez más costosas, será inviable.
Los sistemas sanitarios públicos necesitan definir mecanismos que tengan legitimidad ética, social y política sobre esta cuestión; y que sean además jurídicamente robustos.
Afirmar los responsables políticos –en situaciones de conflicto- que las decisiones se adoptan exclusivamente por criterios clínicos, no económicos, dejando así la responsabilidad en manos de los profesionales, no solo es falso sino tremendamente irresponsable. Es preciso explicar a los ciudadanos la situación y hacernos todos corresponsables.
Es ineludible discutir y disponer de criterios de priorización que además de aspectos clínicos incluyan criterios económicos, de coste-utilidad u otros reconocidos. La alternativa es dejarlo a un azar injusto o a criterios no trasparentes que generan desconfianza y debilitan el sistema.
El retraso en abordar este debate público carece de justificación, salvo la aversión de los políticos a tratar cuestiones incómodas. Si se quiere mantener un SNS equitativo hay que enfrentar este problema; y ya vamos con retraso. No hacerlo pone en grave riesgo el sistema y acabará teniendo consecuencias graves para la mayor parte de la población.
Salamanca, 12 de julio de 2016
Miguel González Hierro
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA. Salamanca