En los últimos años, coincidiendo con el auge del neoliberalismo y basándose en la falsa premisa de que lo público es despilfarrador, burocrático e ineficiente y, por contra, la gestión privada es mano de santo que viene a solucionar todos los males, hay una tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos.
En España, ya en 1990, el Congreso de los Diputados crea una Comisión para la reforma del sistema sanitario, presidida por AbrilMartorell, que comenzó a sentar las bases de la estrategia privatizadora de los servicios sanitarios públicos: fragmentación del sistema, introducción del mercado y privatización de lo rentable. Posteriormente la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, posibilita la gestión de los centros sanitarios a través de empresas públicas, fundaciones, consorcios, concesiones o cooperativas, permitiendo la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y provisión de servicios.
Al amparo de esta ley algunas comunidades autónomas, principalmente Madrid y Valencia, están llevando a cabo un proceso acelerado de privatización sanitaria, traspasando la mayor parte posible del presupuesto sanitario público a empresas privadas con ánimo de lucro, olvidando que estas formas de gestión son modelos ya ensayados en otros países como el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional, además de aumentar los gastos administrativos, incrementar la burocracia y mostrar deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.
Por ello nos parece un hecho positivo el que, gracias a la presión popular, el Parlamento esté procediendo a revisar y, en su caso, modificar la citada ley, con el fin de parar los pies a la embestida privatizadora que está sufriendo nuestro sistema sanitario.
José Luis Garavis. El Adelanto 16 Enero 2010
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