Los ciudadanos «normales» estamos obligados a cumplir las leyes, y si no lo hacemos nos castigan. En política y en la administración durante los últimos años algunos han puesto de moda acatar las leyes solo si nos gustan; pero ejecutar todos los movimientos, manifestaciones y decretos administrativos que se precisen para obstruirlas o retrasar su cumplimiento en caso de que no sean de nuestro agrado
Así ha sucedido en algunas CCAA con la Ley de Dependencia y la Ley de Prevención del Tabaquismo; donde demoran las gestiones en la primera y desatienden su vigilancia o manipulan para que algunas instrucciones no puedan cumplirse en el segundo caso. Se supone que dichas leyes, aprobadas por el Parlamento, deben acatarse y ejecutarse.
En estos días asistimos atónitos una vez más al pronunciamiento de algunos dirigentes políticos o presidentes de CCAA (Navarra, Murcia,…) en contra de la Ley del Aborto, aprobada democráticamente en el Parlamento. Ya lo intentaron con la anterior en 1985 y entonces el Tribunal Constitucional no solo avaló dicha norma legal sino que incluso insinuó su modificación para «avanzar» en algunos puntos (ley de plazos) que en la nueva norma se han tenido en cuenta.
Estos personajes lo hacen no solo por su desacuerdo con el Gobierno y con lo aprobado mayoritariamente sino porque saben que en algunos sectores reaccionarios de la sociedad el incumplimiento de la ley cuando ésta no les gusta es bienvenido, y además, utilizado demagógicamente aporta votos (evadir impuestos, tabaquismo, ahorrar en medidas sociales, etc…) ya sea porque «no nos conviene», o porque «nuestra moral no nos lo permite» o porque no aceptamos las decisiones democráticamente. Es abrumador el gran número de leyes o decretos en los que la oposición, después de votarlos y perder su propuesta parlamentariamente, recurre al Tribunal Constitucional para retardar el mayor tiempo posible su puesta en marcha, convirtiendo en norma lo que debería ser una excepción.
Maximiliano Diego.
Pubicado en «El Adelanto», 10 Julio 2010