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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

INFORMA

Cuando vemos las empresas, grupos y corporaciones que se reparten las concesiones de los centros sanitarios, los nombres se repiten:

– Capio está en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede en Luxemburgo. Gestiona 28 centros sanitarios en 4 comunidades autónomas.

– El grupo USP-Quirón. Tras estar al borde del concurso de acreedores, fue comprado en febrero 2012 por el fondo de inversión británico Doughty Hanson. Gestiona 12 hospitales y 26 centros sanitarios en España.

– Adeslas por un lado y Sanitas por el otro forman, con la CAM y Bancaja (Bankia) el grupo sanitario Ribera Salud, que también gestiona hospitales en Madrid y Valencia. El 80% de los hospitales de Adeslas pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria de Caixa Catalana. Sanitas, que acaba de comprar el Hospital de Torrejón, pertenece al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria y aseguramiento privado del Reino Unido.

De esta forma, la privatización aprobada por el gobierno popular de Madrid dejará a sus hospitales públicos en manos de empresas y fondos de capital riesgo extranjeros, esencialmente del Reino Unido.

El objetivo de esta privatización no parece ser el ahorro y la sostenibilidad del SNS ya que el coste medio por cama de los 4 hospitales que gestiona Capio es un 36% mayor que la del centro público con la cama más cara, el Clínico de san Carlos. Además, las entidades financieras de Ribera Salud, la CAM y Bancaja/Bankia, son insolventes y han tenido que ser rescatadas con dinero público (juntas suponen uno de los mayores agujeros negros de la economía actual)

Algunos patronos de la FAES, fundación que elaboró el documento de privatización de nuestro SNS, o sus familiares directos pertenecen, o pertenecían durante su elaboración, a Bankia (Ribera Salud) y/o a los consejos de administración o los patronatos de las fundaciones de la industria sanitaria privada.

Los nuevos hospitales privatizados (pero pagados con dinero público) solo tienen cabida en los presupuestos y en la asistencia sanitaria de la Comunidad sí previamente se desmantelan los hospitales públicos, que gozaban de gran prestigio antes de someterse al rodillo del gobierno de la Comunidad de Madrid.

 

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