El propósito de la Gerencia de Salud de Castilla y León de amortizar plazas médicas en el medio rural y crear el mismo número en el medio urbano aparenta un esfuerzo de racionalización de los recursos humanos acorde con los tiempos de penuria que nos golpean.
Entendemos que ésta es la razón para tal iniciativa puesto que otras variables que pudieran haberse argumentado para tal providencia prácticamente se han mantenido constantes durante los lustros anteriores de bonanza económica relativa. Sin embargo, en general, hay que considerar cualquier arreglo apresurado, fruto de situaciones de emergencia, con prevención, pues la prisa no suele acarrear trajes bien cortados.
Desde hace más de un cuarto de siglo es sabido que el número de médicos por habitante en nuestro medio rural era descomedido y sin embargo escaso en el medio urbano y en algunos pueblos grandes. A este último extremo se ha ido atendiendo, con mayor o menor acierto, creando nuevas plazas y nuevos centros asistenciales, pero muy pobre es lo que se ha hecho para adecuar fundadamente los recursos humanos sanitarios al imparable despoblamiento del mundo agrario.
No es un axioma que sea mejor un médico por cada 300 habitantes que uno por cada 1000 o 1500, ni que una sobreabundancia de recursos en el primer nivel de atención implique necesariamente una reducción de la demanda de otros niveles más complejos. De lo primero da crédito el estado de salud de otras Comunidades sin tanto despliegue de recursos y que no han visto mermado ningún indicador de empeoramiento de su salud pública. De lo segundo, está la prueba de la saturación cotidiana de los servicios de urgencia hospitalarios o el incremento de las consultas en los servicios especializados. Por tanto, habría que preguntarse porqué no se ha abordado con sosiego una política estratégica de gestión de recursos humanos en atención primaria que, sin lesión de intereses legítimos, hubiera ido colocando las cosas en su sitio.
Para ello hubiera sido necesario un plan a largo plazo, explícito y público, y un debate del mismo entre quienes ostentan la representación de todos los agentes implicados y, también, una evaluación concomitante de la ejecución de lo planificado para corregir las seguras discrepancias que suelen producirse cuando se lleva a la práctica cualquier decisión por muy buena que esta se presuma en teoría. No se ha hecho y tal demora desemboca en propuestas impulsivas y, tal vez, inconvenientes de las que ignoramos fundamento, justificación y la más que dudosa repercusión en el recorte del gasto sanitario que es, tal lo parece, el porqué de su implementación.
Así, en nuestra ciudad, se crean plazas en ambulatorios urbanos con población que decrece y no se dotan en otros de la periferia que tienen más demanda asistencial o cuya población ha sido más golpeada por la depresión económica, siendo sabido que la privación socioneconómica es la madre de casi todas las enfermedades. ¿Porqué no se ha tenido en cuenta un criterio tan universalmente aceptado?.