Como en muchas ocasiones las palabras sirven más para confundir que para entenderse. Me disgusta el término «copago», induce a confusión.
La sanidad pública de hecho, ya es pagada por los ciudadanos a través de los impuestos, no cabe debate sobre esto. El Sistema Nacional de Salud (SNS) es gratuito en cuanto a su utilización, pero no gratis, financiándose su coste a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, con este término se entiende habitualmente el abonar alguna cantidad por el consumo directo de los servicios sanitarios que se determinasen. Prefiero referirme a este hecho como Tasa o Tique.
En España actualmente la tasa más extendida es el pago parcial de la medicación por los pacientes, y no en todos los casos.
El debate oculto, la discusión de perfil bajo, puesto que no se ha llegado a plantear abiertamente por fuerzas sociales o políticas, se centra en si aplicando una tasa o tique para algunos servicios sanitarios se obtendrían posibles beneficios, como recaudar recursos económicos adicionales para financiar el SNS, o paliar en alguna medida el déficit del mismo, o en otro sentido, y para muchos el aspecto de mayor importancia, racionalizar el uso del sistema sanitario o eliminar consumos injustificados.
Se puede realizar la aproximación a este debate, tasas sí o tasas no, desde dos vertientes. Una técnica y otra política o más bien ideológica.
Desde un punto de vista técnico, y aunque los estudios realizados al respecto son a menudo cuestionados en su rigor metodológico, no se ha demostrado en ningún ámbito que la aplicación de tasas logre una disminución significativa del consumo sanitario. Parece disminuir de forma muy ligera en un primer momento para retornar a los niveles precedentes al cabo de un año.
En cuanto a la sobrefinanciación que pueden representar las tasas para los servicios públicos de salud, todo apunta a que los costes de recaudación y gestión minimizan o anulan este beneficio recaudatorio.
Si bien es cierto que numerosos países europeos tienen o han establecido tasas sanitarias, prácticamente en ninguno ha disminuido el consumo de servicios de salud, o bien el consumo se ha trasladado del servicio recargado con la tasa, a otro servicio sanitario paralelo. Es la experiencia de Suecia donde disminuyeron las consultas externas hospitalarias (gravadas) pero aumentaron las consultas en atención primaria; como también aumentó la frecuentación de niños y adolescentes, exentos de tasa.
Estas evidencias disponibles orientan a que las tasas no tienen capacidad de contener el gasto sanitario a medio y largo plazo.
Desde una postura más ideológica y para mí de mayor trascendencia, las tasas sanitarias dificultan el acceso a la sanidad de los sectores económicamente más débiles, suponen un nuevo impuesto que grava la enfermedad, reduce el carácter redistributivo del SNS –uno de sus principales logros-, e incrementarían las desigualdades sanitarias.
Un principio bajo el que se crea el SNS es precisamente la eliminación de las desigualdades sanitarias, y debe tenerse presente que la desigualdad socioeconómica es la principal causa de las desigualdades en salud.
Las tasas rompen la equidad del sistema y no aportan soluciones.
El sobreconsumo sanitario debe ser abordado incidiendo en la educación de los ciudadanos y concienciando al regulador principal del consumo, el facultativo.
Por último, creo que carece de legitimidad plantear un posible debate sobre la imposición de tasas sanitarias mientras subsistan importantes ineficiencias del sistema, consumos de recursos inadecuados, gestión mejorable… Estas distorsiones sí son abordables ya mismo, al igual que el fraude fiscal.
Salamanca 10 de abril de 2011
Miguel González Hierro