Desde diferentes administraciones y organizaciones se está promoviendo una intensa ofensiva para introducir el copago (pago directo por la asistencia sanitaria en el momento de recibirla) en nuestro sistema sanitario público.
Se alegan para ello diferentes argumentos entre los que cabría destacar que:
– Mejoraría el uso adecuado de los recursos al disuadir la utilización inadecuada de los mismos por la población.
– Generaría recursos adicionales para financiar la sanidad pública.
Sin embargo consideramos que la medida lo que pretende en realidad es avanzar en el proceso de privatización del sistema sanitario
– Mercantilizando las relaciones entre usuarios y proveedores de asistencia introduciendo el pago directo de una parte de la misma.
– Acabando con el carácter universal y redistributivo del sistema,
– Abriendo espacios a la sanidad privada
Entre los efectos negativos asociados a esta medida queremos destacar que:
– Introduciría un nuevo impuesto que gravaría la enfermedad, con una tasa por asistencia sanitaria.
– Incrementaría la presión fiscal de los sectores sociales con menores ingresos como son los asalariados, pensionistas, enfermos crónicos y discapacitados, que por necesidad son quienes más utilizan los servicios sanitarios (tres veces más que el resto)
– Dificultaría el acceso de amplios sectores sociales a la asistencia dado que 10,8 millones de trabajadores (57% del total) cobran menos de mil euros al mes mientras que el ingreso medio de los 8.473.927 pensionistas es de 747,25 euros mesuales.
– Incrementaría las desigualdades sociales ya que se en los últimos años se han eliminado o reducido los impuestos de las clases más favorecidas como los de sucesiones, patrimonio, sociedades o los tramos del IRPF.
– Reduciría el carácter redistributivo del sistema sanitario, que constituye una de los fundamentos del estado del bienestar, que en España aún tiene un escaso desarrollo si lo compramos con el resto de países europeos desarrollados
– Afectaría a los programas y actividades de promoción y prevención de salud y de seguimiento de enfermos crónicos y generaría tensiones entre sanitarios y usuarios.
Rechazamos los llamamientos de algunos responsables sanitarios a la instauración del copago, lo que eliminaría el carácter universal del sistema público (introduciendo seguros complementarios para determinadas prestaciones) alegando que la crisis hace imposible mantener el sistema sanitario público. Consideramos que la hipotética bancarrota en que se encuentran es la consecuencia del enorme endeudamiento en el que han incurrido por financiar y gestionar sus infraestructuras sanitarias recurriendo al sector privado, los que ha multiplicado por siete el coste de los nuevos centros sanitarios y cuyos pagos anuales asfixian sus presupuestos asistenciales, y de un gasto farmacéutico excesivo.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica
27 de mayo de 2010