En septiembre entra en vigor una normativa sobre precios de referencia para la financiación pública de los fármacos por la cual el estado paga al usuario una cantidad previamente fijada para cada tipo de medicamento; de forma que si el usuario solicita al farmacéutico una marca más cara que el precio de referencia, tendrá que abonar la diferencia o aceptar otra marca del mismo producto cuyo precio se adapte al establecido. Hay varios países que ya tomaron esta medida.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública apoya las medidas que mejoren la gestión del sistema y que no supongan una pérdida para la atención al paciente. Además del ahorro en farmacia, debería estudiarse detenidamente la posibilidad de eliminar prácticas médicas inútiles.
El sistema necesita esos recursos malgastados para mejorar cosas como el deterioro de muchos hospitales y su falta de adecuación a nuevas necesidades, etc.
Nuestra inquietud es que se trate de medidas de ahorro puro y duro y no de mejor uso de los ya escasos recursos del sistema sanitario público.
Concha Ledesma.
Pubicado en «El Adelanto», 7 Agosto 1999