El conflicto surgido entre los padres de la niña Andrea y los médicos que la atendían en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela ha puesto de nuevo de actualidad el tema de la muerte digna. Como en el caso de Andrea, en ocasiones el debate es si hay un exceso de celo en los médicos en su afán por alargar la vida de algunos pacientes en estado terminal, en lugar de ayudarles a bien morir.
En España se muere mal, tenemos una mala calidad de muerte. En un reciente estudio de La Economist Intelligence Unit, España figura en el puesto 23 referido a la calidad de muerte. La clasificación la encabeza el Reino Unido y entre los diez primeros puestos están los países europeos a los que deseamos parecernos, estamos pues muy lejos de ellos. Las razones que se alegan para explicar nuestro caso es el déficit evidente de Unidades de Cuidados Paliativos, existen pocas y las que existen están saturadas por falta de recursos (para la atención de niños solamente son tres las Unidades disponibles).
El tema merece una reflexión que no puede quedarse solo en el déficit de Unidades de Cuidados Paliativos, con ser este aspecto muy importante. La muerte forma parte de la vida y el derecho a una buena muerte debe ser una exigencia social. Habitualmente la gente se muere en el Hospital con cuidados médicos que son excelentes para tratar de reparar la enfermedad, pero quizás no tanto cuando se trata de ayudar a morir. Hay una evidente falta de formación en esta área de nuestros médicos, en general no se estudia en las Facultades de Medicina, y los postgraduados aprenden lo que es la práctica habitual de sus mayores, tantas veces empeñados en hacer todos los esfuerzos posibles por mantener la vida y tantas veces sobre el filo de lo que sería ensañamiento terapéutico a la hora de atender los estados terminales, a pesar de que de todos es conocido que eso significa mala praxis. Hay fuertes razones de tipo ideológico (conservadurismo) y religioso (catolicismo) que pueden estar abonando esta situación.
Pero la estrategia para conseguir que la muerte digna sea un derecho real debe ser global. Es preciso una legislación clara sobre el derecho a morir dignamente que solo existe en cinco comunidades autónomas (por cierto una de ellas la gallega) y medidas como la protección y el apoyo de los cuidadores, cuando la familia decide encargarse de ayudar en los últimos momentos a sus seres queridos (apoyo económico y en adecuación de los horarios laborales).
Quizás convenga de nuevo decir que el no usar terapéuticas agresivas para alargar la vida de pacientes con enfermedades irreversibles y terminales y la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia o el suicidio asistido. Éstas últimas ya están admitidas, con todas las cautelas y reglamentación al respecto, en algunos países europeos como Holanda o Bélgica. El debate sobre la calidad de muerte es necesario y debe ser un debate de toda la sociedad y no puede circunscribirse a momentos dramáticos como el que hacíamos alusión al inicio de la columna.
Aurelio Fuertes
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
Salamanca Octubre – 2015