DECLARACIÓN DE BARCELONA SOBRE EL COPAGO
En estos momentos en que el gobierno de España ha impulsado un plan de austeridad con congelación de las pensiones, rebaja de las políticas sociales, recorte de sueldos al funcionariado y demás trabajadores y trabajadoras del sector público, con la intención de alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 entre otras medidas restrictivas contra las clases trabajadoras, han vuelto a surgir con más fuerza las voces favorables a la privatización de empresas y servicios públicos y a favor del copago en la sanidad pública.
Las personas y organizaciones reunidas hoy, 10 de junio del 2010 en Barcelona, en esta Jornada Contra el Co-Repagament: per l’equitat i la salut pública, nos pronunciamos de manera resuelta y decidida contra el copago y cualquier otra medida que implique un desembolso adicional directo de la ciudadanía para acceder a los servicios públicos de salud, o de manera indirecta mediante fórmulas de desgravación fiscal por contratación de seguros sanitarios privados, por los siguientes motivos:
1) Cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal –o pone trabas a su acceso– a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos. Éste es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva de la equidad. Las distintas formas de copago existentes o en discusión pueden generar dificultades de acceso económico que acaban determinando desigualdades sociales en salud. Existe bibliografía significativa que recoge las experiencias en todo el mundo y da cuenta, además, de los estrepitosos fracasos de este tipo de medidas.
2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad.
3) Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones y su propuesta de congelación incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.
4) La insuficiente presión fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a los que menos tienen, agravando las desigualdades. Unos servicios públicos que ya de por sí son escasos en relación a los de los quince países más ricos de la UE.
5) Entendemos que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo, que sería una medida antisocial introducir medidas lesivas como su REpago, en especial en tiempos de crisis, y que conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea.
6) Si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, entendemos que supondría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado.
7) Frente a argumentos que justifican el copago como un mecanismo de contención del gasto, la propia OMS suministra abundante evidencia científica en el sentido de que el copago es un instrumento débil y no efectivo para mejorar la eficiencia y contener los costes sanitarios.
8) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población.
9) Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.
10) Los argumentos de promoción del copago como medida de corresponsabilización por parte de la ciudadanía incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan a la ciudadanía y no a las autoridades sanitarias de las deficiencias existentes. Dichas deficiencias no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos.
Por todo ello, las personas y organizaciones presentes nos comprometemos a difundir los argumentos y evidencias contra el copago, a sumar esfuerzos con todas las personas y entidades que perciban estas medidas como socialmente injustas, a oponernos por todos los medios democráticos a la implantación de estas propuestas entendidas como un auténtico impuesto sobre la enfermedad y que castigan más a las personas más necesitadas, y a denunciar y negar nuestro apoyo a quienes intenten introducirlas en nuestra sociedad.
En Barcelona, a 10 de junio del 2010
FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
DEMPEUS PER LA SALUT PUBLICA