En abril del pasado año, la Junta de Castilla y León promulgó la Ley de Derechos de los usuarios en CL. Uno de los aspectos que contemplaba era el garantizar unos tiempos máximos de demora para acceder a los distintos servicios sanitrarios (intervenciones, consultas, pruebas…).
Las propuesta era importante, pero una vez más pasa el tiempo y esa garantía de demora máxima sigue sin concretarse; ha pasado el periodo que la propia Junta se daba para establecer estos plazos, y siguen sin regularse, sin garantizarse derechos de los ciudadanos.
Se sigue alumbrando legislación más o menos aceptable, pero posteriormente no se desarrolla o se aplica poco; en fin que pudiera parecer sólo propaganda.
Garantizar tiempos máximos de demora no solucionará todos los problemas; en cirugía la experiencia dice que aunque se superen los plazos establecedos, pocos pacientes optarán por acudir a centros ajenos al sistema público solicitando luego su abono. En pruebas diagnósticas la cosa puede ser muy distinta. Pero tendrá dos efectos importantes, pondrá de manifiesto que se quieren defender los derechos de los usuarios, y además obligará a gestionar los recursos con más eficiencia.
Un sistema sanitario moderno no sólo debe seguir un modelo definido, ser eficiente y buscar el mayor nivel de calidad asistencial, también deberá evitar la angustia innecesaria de las esperas, el dolor suplerfluo y la deshumanización en el trato.
Miguel González Hierro.
Pubicado en «El Adelanto», 27 Noviembre 2004