La salud de cada persona y la salud pública son cosas diferentes pero interrelacionadas y ambas dependen, en numerosas ocasiones, de las decisiones que adoptan las administraciones públicas y especialmente (aunque no solo) la administración sanitaria.
Gracias a decisiones políticas adoptadas hace muchos años disponemos hoy de redes de alcantarillado, agua potable, controles alimentarios o planes de vacunación, avances que no consideramos imposiciones que atentan contra nuestros derechos individuales y sin los cuales nuestra vida actual sería mucho peor. Afortunadamente la medicina preventiva se ha desarrollado considerablemente durante el siglo XX y gracias a ello tenemos hoy una vida más larga y de mejor calidad.
Por ello, resulta sorprendente que, amparados en la defensa de las libertades individuales, se cuestione el derecho de la administración a legislar aspectos relacionados con la salud pública como el consumo de tabaco o alcohol. Es evidente el derecho individual a vivir la vida con los factores de riesgo que cada uno quiera asumir, pero no lo es menos que ello no da derecho a poner en riesgo la salud de los otros. ¿Se imaginan ustedes a los fabricantes de automóviles y a los conductores peligrosos reclamando su derecho a conducir sin reglas o a correr a velocidad sin límite por las carreteras aunque ello ponga en peligro la vida de otros conductores?
Leyes como la reguladora del consumo de tabaco (que debía haber prohibido el consumo en todos los lugares públicos cerrados) o la “nonnata” sobre el alcohol son tan necesarias ahora como lo fue en el pasado la regulación de los saneamientos del agua y las alcantarillas, aunque tras la supuesta defensa de los derechos individuales se esconda en el fondo el importante negocio económico que supone la venta de ambos productos.
Como ciudadano me rebelo contra la idea de dejar la bandera de los derechos individuales en las manos de quienes defienden en realidad sus pingues beneficios ganados a costa de la salud de cada persona y de la propia salud pública.
Miguel Barrueco. El Adelanto 12 Mayo 2007