La inmensa mayoría de los españoles (94,2 por ciento) opina que la sanidad debe ser pública. Casi todos consideran que debe financiarse con impuestos (85,8 por ciento) y sólo unos pocos (8,4 por ciento) piensan que debería financiarse en parte con impuestos y en parte con tasas que paguen los usuarios. Sólo uno de cada 100 (0,9 por ciento) cree que debe privatizarse, toda o en parte, y pagarla directamente los ciudadanos al utilizarla. Son datos de un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, en un momento en que se pone en duda la sostenibilidad del sistema, con un gasto sanitario en continuo crecimiento y en plena crisis económica, se ha reabierto el debate en torno al copago de los servicios de salud.
Argumentan sus partidarios que si el ciudadano tuviera que pagar, aunque fuera una pequeña cantidad, esto serviría para reducir el exceso de utilización de los servicios, se contendría el gasto y se incrementaría la recaudación. No existe, sin embargo, ningún estudio que demuestre la capacidad disuasoria o retributiva de los copagos. La experiencia de otros países demuestra que, con el tiempo, se diluye el posible efecto disuasorio del copago y, además, la aplicación de estas medidas supondría la creación de una burocracia adicional que tendría unos costes probablemente superiores a lo recaudado.
El copago, por otra parte, incidiría de forma negativa en la equidad del sistema, pues el efecto disuasorio, lógicamente, es mayor para los pobres que para los ricos, convirtiéndose, asimismo, en una especie de impuesto para los enfermos crónicos.
Para Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, parte del éxito de nuestro sistema sanitario es que no penaliza a los enfermos por el hecho de serlo y su financiación se basa en la solidaridad y subsidiariedad social, de forma que los sanos pagan por los que están enfermos teniendo garantizado que cuando ellos enfermen otros sanos pagarán por su asistencia. Y los ciudadanos, mayoritariamente, quieren que así sea.
José Luis Garavís, 18 Abril 2009