Asistimos en los últimos tiempos a una discusión creciente sobre las listas de espera.
En los sistemas públicos, las listas de espera (LE) actúan tanto como un regulador de la oferta-demanda, y como un modulador que optimiza la eficiencia de actividad quirúrgica al evitar oscilaciones bruscas. Pero claro esto es la teoría.
Cuando las listas de espera no se conforman y gestionan bajo criterios de profesionalidad, equidad y trasparencia. Cuando además se disminuye la productividad del sistema por recortes de medios y personal. Y cuando además se suma una gestión global del sistema sanitario más que cuestionable, las LE se disparan y suponen un problema social.
Problema que genera sufrimiento, angustias y gastos añadidos a los ciudadanos, que acaban solucionando su situación como mejor pueden. Incluida una fórmula muy extendida en nuestro país y que indica bien el carácter antisocial de quien la emplea: recurrir a conocidos, amigos y familiares del sistema para “saltarse” la espera. Comprensible si, pero reprobable. Por otra parte agrava el problema y empeora la situación del ciudadano anónimo.
El asunto no tiene solución en sí mismo; como se ha dicho las LE son consustanciales a los sistemas públicos. En los privados, el regulador oferta-demanda, es la capacidad económica.
Ahora bien, lo que si tiene solución es que las LE se gestionen adecuadamente. Se incluya lo que tenga que incluir, se espere lo que se haya definido previamente como máximos aceptables según patología, gravedad y repercusión en la salud. Se garantice una actividad quirúrgica eficiente por todos los servicios y unidades. Se eviten soluciones perversas o de efectos paradójicos, como las llamadas “peonadas”. Y –especialmente- que sean públicas, transparentes y equitativas.
Listas de Espera y criterios de gestión públicos, conocidas por todos, profesionales, pacientes y ciudadanos.
Esa es la mejor garantía de una gestión honesta.
Pero como todo en las complejas relaciones socio-políticas, una cosa son las propuestas coherentes y socialmente justas –como esta- y otra es su logro, su aplicación por la administración sanitaria. Muchos son los intereses y las inercias que impiden que se apliquen.
Frente a esto, la solución más eficaz, la presión social. La presión de una mayoría de la sociedad a través de sus muchos mecanismos. Para esto hace falta conciencia y organización social. Y me temo que en nuestro entorno, aún falta mucho de esto que doy en llamar, tejido social.
Salamanca, 16 de agosto de 2016
Miguel González Hierro (Asociación para la defensa de la sanidad pública de Salamanca)