En estos tiempos ha vuelto a la primera plana de las noticias el conflicto en la sanidad pública. Lo que no sé es si este hecho es afortunado o no.
Que la sanidad esté en el punto de interés de la sociedad y de los grupos políticos es una buena noticia, es más, llevaba demasiado tiempo en un último plano.
Ahora bien, que la sanidad pública sea objeto de debate bajo una perspectiva de utilización como instrumento de rentabilidad política, puede tener riesgos severos.
En absoluto quiere esto decir que la situación de conflicto sea artificial o impulsada por estos intereses. La gran mayoría de las gentes que están protestando, quejándose, denunciando, son –somos- profesionales y ciudadanos seriamente preocupados con el deterioro de nuestro sistema sanitario público.
Pero también subyace esa otra utilización como elemento de combate entre grupos políticos que conlleva el riesgo de hacer percibir a la ciudadanía las cosas como no son. O conlleva el riesgo de que una vez aceptadas las diversas identificaciones políticas –lícitas todas ellas- y una vez sea vencedor un grupo, se apliquen sus soluciones, sin más.
Por cierto, hay que tener un cuidado extremo entre denunciar las carencias, debilidades o gestión inadecuada del sistema, y su desprestigio. Es fácil que se confunda lo uno con lo otro en un totum revolutum, y el daño hacia el prestigio del sistema, sería severo y posiblemente irreversible.
Nuestro sistema sanitario público tiene actualmente un problema estructural, de desarrollo, de desgaste. Se venía produciendo en los últimos años, y la pandemia covid lo puso de manifiesto e incrementó alguna de sus debilidades. Desde entonces, todo son problemas.
Se vienen argumentando algunas de sus carencias o de sus disfunciones, pero, a mi entender, de forma muy parcial, dándose diagnósticos incompletos, incluso erróneos o sesgados en algunos ámbitos de los medios de comunicación, y aportándose soluciones muy, muy parciales, que finalmente no resolverán el problema sanitario.
Que se debe hablar del número de profesionales, de financiación, de salarios, de las cargas de trabajo, o de organización, es cierto. Pero cada uno se esos aspectos de forma aislada no son el verdadero problema.
Comunidades con financiación más generosa presentan problemas, y comunidades donde el número de profesionales no es escandalosamente bajo (como CyL) también presentan severas disfunciones. Es un problema nacional.
Es triste asistir a un debate donde se han olvidado los fundamentos de nuestra LGS, debatimos sólo sobre la capacidad asistencial. Que olvidadas están la prevención, la educación, la promoción de la salud. Que lejos el trabajo en equipo. Que olvidada la atención integral. Que poco se habla de medicina en y para la comunidad.
No sólo se trata de recuperar la capacidad asistencial, se trata de recuperar una filosofía del sistema público basada en sus principios clásicos, enunciados todos ellos en la LGS y en las recomendaciones de la OMS. Eso sí, adaptados a una sociedad más exigente, más moderna, más culta, más rica, y donde el concepto “calidad” no puede significar lo mismo que hace 40 años, hay que definirlo y debe ser aceptado por la mayoría de la sociedad.
Lograr reestructurar el sistema de salud será una labor ardua, que deberá ser colectiva, generosa, participativa, escuchando a todos los implicados y huyendo de imposiciones. Los ciudadanos consideran el sistema de salud unos de los grandes logros, y hay que conseguir que siga manteniendo su prestigio y, sobre todo, su legitimidad ante la población.
Miguel González Hierro