El Colegio de Médicos hace campañas activas con el supuesto respaldo de todos los médicos que se ven obligados a pertenecer a dicha institución.
Está ocurriendo con su actitud ante la llamada objeción de conciencia frente a un derecho individual como es la interrupción voluntaria y legal del embarazo. En 1985, cuando se aprobó la anterior ley del aborto, a los profesionales de la sanidad pública que empezaron a cumplir con esa parte de su trabajo, se les llamó aborteros, se obstaculizó su desarrollo profesional. Que se sepa, los colegios de médicos no les apoyaron. Pero lo peor es que la coacción a los sanitarios sirvió para que las mujeres no pudieran usar la sanidad pública para acceder a una prestación a la que tenían derecho. Se añadían así más dificultades a la mujer que se enfrenta a una decisión tan difícil ante un embarazo no deseado, o que no puede permitirse o no puede asumir. Ella y el hombre.
Algunas religiones que defienden tanto unas pocas células, no tienen caridad con los niños vivos. Esta semana se ha publicado que el 82% de los niños con necesidad de medidas de integración social, física o psíquica, estudian en centros de enseñanza públicos porque en los centros educativos religiosos, concertados y financiados con los impuestos, encuentran subterfugios y sistemas para «quitárselos de encima» y mantener su élite. La misma que llegado el caso, siempre puede resolver «discretamente» el problema de un embarazo intempestivo. Los centros sanitarios públicos tienen la obligación de garantizar a los ciudadanos los servicios a los que tiene derecho por ley.
Si como dice la prensa, en todo Castilla y León no hay ningún centro público con un equipo no objetor que incluya el aborto legal entre su trabajo habitual, habrá que regular la objeción de conciencia. Si se va a concertar con las clínicas privadas, esperemos que, al menos, no sean empresarios o no trabajen allí como anestesistas, enfermeros o ginecólogos los mismos que son objetores en la sanidad pública.
Concha Ledesma. El Adelanto 17 julio 2010