La Consejería de Salud de Andalucía acaba de poner en funcionamiento la factura sombra que esta previsto se de a los usuarios del servicio regional de salud después de un ingreso, una consulta, una intervención quirúrgica e incluso una prueba diagnostica.
La justificación oficial es que conviene que los usuarios del sistema sanitario público conozcan los costes reales de las prestaciones que reciben, porque así las valoraran más y, presumiblemente las utilizaran de manera más racional, evitando situaciones de posibles abusos.
Un análisis de la medida obliga a contemplar diferentes cuestiones:
Primera: ¿Conocer el coste concreto de cada actuación mejorara la utilización del servicio sanitario? La realidad es que no se sabe y es arriesgado asegurarlo. Desde luego en muchos casos claramente no, porque los usuarios no han tomado decisión alguna al respecto y han sido indicaciones de los médicos (como sucede precisamente con las primeras facturas sombra emitidas: intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas), es obvio que otras, que dependen directamente de los individuos (consultas a demanda, acudir a urgencias, etc) pueden verse influenciadas, aunque es dudoso que estas facturas sombras sean capaces de diferenciar las demandas inadecuadas (las que no debieran producirse) de las adecuadas (aquellas en las que existe un problema de salud que las justifica) y su efecto, de tenerlo, será indiscriminado.
En este aspecto parece interesante una de las utilidades que se le pretende dar como es informar del coste que tiene para el sistema el no acudir a las citas previamente concertadas, en este caso concreto está claro que disminuir estas citas no anuladas supondría una mejora en la eficiencia y eficacia del sistema sanitario.
Segunda: ¿Carece de costes? La información de la Consejería de Salud dice que se hará «progresivamente» para evitar costes y sobrecargas de trabajo, sin embargo, y evidentemente, el conseguir las facturas sombra a coste cero es imposible. Y ello por dos motivos:
1) En Andalucía, según datos de la propia Consejería se realizan al año mas de 75 millones de consultas en Atención Primaria, alrededor de 580.000 ingresos hospitalarios, 510.000 intervenciones quirúrgicas, 10 millones consultas en Atención Especializada y se atienden unas 3.500.000 urgencias. Dar a los usuarios una factura de cada una de esta actividad tiene un coste (papel, impresión, tiempo de trabajo administrativo), que aunque individualmente puede ser muy pequeño, globalmente no lo será porque estamos hablando de más de 90 millones de facturas anuales. Por supuesto pueden delimitarse y disminuirse las actividades por las que se factura y entonces los costes se reducirían, pero partiendo de que siempre costara algo la emisión de estas facturas.
2) El calculo de los costes de cada proceso requiere una contabilidad analítica que debe implantarse en los centros y que obviamente no es gratis, aunque, por suerte, se ha optado por facturar una estimación promedio del coste real de cada tipo de actuación, lo que es mas fácil de calcular y de implementar, y por lo tanto mas barato.
Por todo lo dicho no parece que este mecanismo vaya a aportar muchos beneficios a la Sanidad y si algunos gastos que pueden ser significativos. Si el único objetivo es concienciar a los ciudadanos del coste de los servicios seria mucho más fácil y barato colocar un tablón visible a la entrada de los centros con los costes de las actuaciones más habituales, lo que tendría el mismo o parecido supuesto efecto pedagógico.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
27 de octubre de 2010