Extractos de artículo publicado en | 24 Agosto 2013
La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, presentó recientemente en Pekín el Informe Mundial de la Salud de 2013, en el que sé insta a todos los países del mundo a continuar con los esfuerzos para lograr una Cobertura Universal de la población por los Sistemas Sanitarios Públicos.
En el documento se afirma que el acceso de los ciudadanos a la atención de salud, en condiciones de equidad, es el instrumento más poderoso para conseguir la igualdad y representa la mayor expresión de justicia social. Por todo ello la atención de salud no debería depender de la capacidad económica de cada persona y debería ser provista por los estados.
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Contradicciones y paradojas en la evolución de los sistemas sanitarios en el Mundo
Mientras las economías de los países emergentes como Brasil, India y China -las potencias económicas de los próximos años- han incrementado sus inversiones en sanidad en torno a un 5% anual a los largo de la última década –lo que supone un 50% en su conjunto- como una de las bases para asegurar su desarrollo económico y social, en España y otros países de la Europa desarrollada se están poniendo en práctica una política destinada a recortar, desmantelar y privatizar sus sistemas sanitarios, pese a que estos han garantizado el bienestar social de sus poblaciones y han garantizado la paz social europea durante los últimos 70 años, acabando con las guerras que periódicamente asolaban el continente.
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Sin embargo, la política sanitaria del actual gobierno está dirigida a recortar el gasto sanitario público (más de 7.000 millones de euros en el último año), introducir el copago, reducir la oferta de prestaciones (Cartera de Servicios) y a desmantelar y privatizar los servicios sanitarios.
El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema junto a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, están siendo los principales instrumentos para poner en marcha esta estrategia.
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En España la política de recorte sanitario y de supresión de la universalidad de acceso a la asistencia sanitaria está teniendo consecuencias para la salud de la población:
-En una reciente estudio de la FADSP se ha objetivado que el 16,8% de los pensionistas y el 27,3% de las personas de menores ingresos, no retiran todos los medicamentos que les prescriben los facultativos en los centros públicos.
-Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2012 la mortalidad aumentó en el Estado español un 4,6%, lo que es el primer indicio de la repercusión de la crisis y los recortes en sanidad sobre la salud de las personas. Los análisis de las series de datos de los últimos años muestran un incremento de la mortalidad para 2012 de un 2% más de la esperada sin los recortes.
-La esperanza de vida se ha reducido, por primera vez, en dos décimas en el total de la población (de 82,3 a 82,1 años), siendo esta reducción sobre todo a costa de la disminución en el grupo de las mujeres.
Al mismo tiempo los recortes en asistencia sanitaria y sociosanitaria están reduciendo las oportunidades de trabajo, calculándose en más de 200.000 los empleos para personal cualificado en este tipo de atención que se han dejado de crear por los recortes y que habrían contribuido a reducir el enorme paro juvenil y a acabar con la desatención de muchos personas con enfermedades crónicas y discapacidades.
Este retroceso en el derecho a la atención sanitaria, que va en sentido contrario a las recomendaciones de la OMS de universalizar la asistencia, es además de injusto e irracional desde el punto de vista sanitario, un suicidio para la economía del país.
El gasto sanitario a pagar directamente por la ciudadanía española supera ya el 30% del total, una de las más altas de la Unión Europea, con un crecimiento exponencial consecuencia de la aplicación de la generalización de los copagos por el uso de los servicios, la supresión de prestaciones y los recortes de la sanidad pública.
La única explicación a tanto despropósito es que el actual gobierno se ha comprometido a satisfacer las demandas de la Unión Europea de reducir gasto público; favorecer los intereses de empresas constructoras, laboratorios farmacéuticos, industria de la electromedecina, multinacionales sanitarias y fondos de inversión que pretenden apoderarse de los servicios sanitarios públicos; y sobre atender las demandas de las aseguradoras sanitarias de suprimir el aseguramiento público y la universalidad de las prestaciones, para forzar a los ciudadanos a contratar seguros privados complementarios con los que cubrir los riesgos y los servicios que el sistema sanitario público dejara de ofertar a toda la población.
Solo una gran alianza social y profesional en torno a una movilización social universal podría hacer frente a la terrible situación que se avecina para la sanidad pública en España.