En la mesa de debate organizada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública el 18 de enero pasado, participaron sindicalistas, miembros de asociaciones de vecinos y pacientes. Las conclusiones fueron claras.
Una gran parte de la responsabilidad de las listas de espera hospitalarias en Salamanca recae en la inexistencia de normas contra las incompatibilidades de los médicos, que ahora pueden simultáneas el trabajo en la consulta privada y en el sistema público. En aquellos servicios cuyos especialistas no tienen consulta privada, la lista de espera es mínima.
La saturación de las urgencias hospitalarias es un síntoma de la disfunción de los centros de salud, sobrecargados de trabajo, con personal insuficiente, desorganizado, muy cansado y desmoralizado.
El médico de familia se ve obligado a realizar tareas ineficientes que le impiden cumplir con su quehacer principal, que es prestar atención sanitaria de calidad a los ciudadanos, sea clínica o domiciliaria, así como mantenerse adecuadamente formado, entrenado, trabajando en la comunidad.
La política de personal de Sacyl es nefasta; no hay regularidad en las oposiciones, los contratos son inestables, por periodos de tiempo que pueden ir de lunes a viernes, para cesar el fin de semana y el lunes siguiente, recontratar para el mismo puesto de trabajo.
No se favorece la longitudinalidad en la asistencia, es decir, que sea el mismo profesional quien atienda durante tiempo prolongado a los pacientes; está sobradamente demostrado que cuando el mismo sanitario atiende a un paciente por años mejoran sus condiciones de salud. No se procura la fidelización de los sanitarios, que se ven forzados a irse a otros lugares en donde se les ofrecen condiciones laborales más estables.
Nada se hace tampoco por incentivar la incorporación a puestos de trabajo de difícil cobertura, alejados, con acceso complicado. No se valora la experiencia en el puesto de trabajo para realizar el contrato, y puede, por ejemplo, incorporarse un administrativo a un centro de salud sin conocer siquiera el funcionamiento programa de citas; no se les forma previamente y pueden llegar para una sustitución de dos o tres días, que se van en intentar aprender.
Según se desprende del Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sobre servicios sanitarios de las CCAA 2022, la partida económica que se dedica en Castilla y León a la atención sanitaria es importante, incluso suficiente, pero el reparto es inadecuado. El 25 % del total debería estar destinado a la Atención Primaria.
La ratio de profesionales sanitarios por habitante es de los mejores de Europa, incluso entre los médicos… ¿Qué está ocurriendo entonces en Castilla y León, en particular, y en el resto de las comunidades autónomas en general? Pues que la gestión de la administración es ineficiente e ineficaz, no responde a las necesidades de la población. Y surge una nueva pregunta… ¿ Esto ocurre porque no saben gestionar o porque quieren que el sistema sanitario público vaya mal para beneficio de las empresas privadas de la salud? La respuesta es demoledora: ambas cosas a la vez, no saben y no quieren saber.
Una cosa quedó clara en la reunión: la igualdad en la recepción de cuidados de salud, la equidad, es un factor determinante para el bienestar de los ciudadanos. El mejor método para alcanzar este objetivo es mantener un sistema de salud público basado en la estrategia de Atención Primaria, adecuadamente apoyada por la atención hospitalaria. Y eso es lo que exigimos.
Pero déjenme que les explique una última cosa: cuando el consejero de Sanidad castellanoleonés expresa su impotencia para dirigir las políticas que den al sistema público la necesaria energía, ánimo y eficacia, muestra, de nuevo, no saber o no querer hacer, pues la hoja de ruta está expuesta, negro sobre blanco, en un documento: Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023, producto del debate y el consenso entre sociedades científicas, profesionales, ciudadanos y gestores, aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que incluye objetivos y cronograma definidos. Este plan debería estar en pleno desarrollo, y nada hay, a día de hoy, en Castilla y León, salvo una vaga nota de prensa publicada en torno al pasado 4 de enero. Esta inacción es el principal factor desmoralizador para los profesionales de la salud en Castilla y León, y debería ser el mayor motivo para la movilización, tanto de profesionales y como de ciudadanos.
Podemos cambiar este estado de cosas con nuestro voto, pero, entretanto, deberíamos participar en la próxima marea blanca del 29 de enero en Salamanca, a las 12:00, desde el Hospital Virgen de la Vega, porque nos sobran las razones.
Emilio Ramos.