Hace ya tiempo que en nuestro sistema sanitario se ha instalado la precariedad laboral como método de gestión de los recursos humanos. Las interinidades interminables, los contratos eventuales, los contratos por días y hasta por horas, la no sustitución de bajas y vacaciones, la mínima reposición de las jubilaciones, la escasísima convocatoria de plazas,… son la norma de una cultura sin fundamento humano ni científico que considera a los profesionales sanitarios como piezas intercambiables, sin tener en cuenta que una buena relación entre profesionales y pacientes, basada en la confianza y que, por tanto, precisa de cierta continuidad en el tiempo, es fundamental para la prestación de una asistencia de calidad. La relación de los profesionales sanitarios con los pacientes debe ser efectiva, pero también afectiva, generando confianza, que es uno de los pilares fundamentales en que se basa. La precariedad deteriora, por tanto, la salud de los pacientes, pero también la de los profesionales que se ven abocados a peregrinar por diferentes instituciones, por distintos equipos, con cambios constantes de pacientes y compañeros, con el consiguiente impacto que inevitablemente tiene en sus planteamientos vitales el ver discurrir su vida profesional instalados en la incertidumbre, sin expectativas de seguridad en el empleo, sin carrera profesional, con sueldos inferiores a los de sus compañeros con plaza fija, aunque desempeñen, en la mayoría de los casos, una labor exactamente igual que ellos, sin olvidar que se trata de unos salarios que son de los más bajos de los países de nuestro entorno.
Podríamos pensar que la precariedad es una consecuencia inevitable de la terrible crisis económica que estamos padeciendo, que los brutales recortes en el gasto sanitario son necesarios para mantener la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario (por cierto, uno de los mejor valorados y más eficientes del mundo), pero no es así: se trata de una estrategia de largo recorrido, que se ha intensificado en los últimos años, propia de la economía capitalista globalizada, que persigue el deterioro y desintegración de la Sanidad Pública, de forma que disminuya el aprecio que por ella sienten los ciudadanos y así proceder más fácilmente, lentamente, sibilinamente, pero de forma inexorable, a su desmantelamiento y reparto entre empresas y organizaciones privadas.
Si queremos evitar que el deterioro de nuestra Sanidad Pública llegue a un punto de no retorno (que se vislumbra cada día más cercano), terminando con la equidad y solidaridad que todavía sustentan nuestra sociedad y que son, además, generadoras de salud por sí mismas, es preciso que los poderes públicos, muchos de los cuales acaban de renovarse tras la últimas elecciones autonómicas y locales, pongan freno inmediatamente el deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores sanitarios que deben de ser acordes con la dignidad y responsabilidad de las tareas que tienen encomendadas, desarrollando una política de personal sanitario incentivadora, que potencie la dedicación exclusiva y el desarrollo de las carreras profesionales, los incentivos que estimulen la dedicación y la calidad de la atención, la estabilidad en el empleo y una remuneración justa.
Agosto de 2015.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca.