SANIDAD PARA TODOS. DEROGAR YA EL RD LEY 16/2012

Hace ya más de tres años que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 promulgado por el Gobierno Rajoy y que ha supuesto el mayor ataque legislativo al sistema sanitario público de nuestro país. A partir de ese momento la atención sanitaria dejó de ser un derecho para todos los ciudadanos que viven en España y pasó a ser un derecho exclusivo de aquellos que están asegurados, suprimiendo de esta forma una de las bases en que se fundamenta el Sistema Nacional de Salud tal y como se diseñó en la Ley General de Sanidad. Los principales perjudicados de esta medida, aunque no los únicos, han sido los inmigrantes no regularizados. La aplicación del RD ha sido un verdadero caos, porque la ejecución de ésta y otras medidas que contenía estaba en última instancia en manos de las Comunidades Autónomas y cada una lo ha aplicado a su manera. Así la atención a estos inmigrantes no ha sido nunca un problema en las comunidades gobernadas por el PSOE, caso de Andalucía o Asturias, ni en el País Vasco o Navarra. Las comunidades gobernadas por el PP han “trampeado” cada una a su forma con la directiva y en ningún caso se ha llevado a su aplicación literal salvo en Murcia y La Rioja.
Sin embargo la repercusión social y sanitaria del RD ha sido catastrófica. Setecientas cincuenta mil personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y por tanto sin atención regularizada durante estos años, con lo que ello puede haber supuesto para su salud individual y colectiva, si los implicados tenían enfermedades infecto-contagiosas. Ha habido casos sangrantes como el de un inmigrante senegalés, que murió en 2013 en Baleares con una tuberculosis por falta de atención sanitaria. Especialmente importante ha sido la repercusión sobre el colectivo de mujeres migrantes, al limitar las posibilidades de denuncia de casos de violencia de género o violencia sexual.
A principios de este año, los representantes de todos los partidos políticos, excepto PP y Ciudadanos (¡conviene tenerlo en cuenta!), acordaron derogar el citado real decreto en el momento en que hubiera cambio en el gobierno central. Cuando en el PP “vieron las orejas al lobo” (porque este tema les podía perjudicar en las elecciones) hablaron de proporcionar atención sanitaria a las personas excluidas, pero solo en los Centros de Salud; pero tal medida no se llevó nunca a la práctica, entre otras cosas porque su aplicación crearía problemas si el paciente tenía que ser derivado al Hospital.
Con el cambio de mapa político tras el 24-M las cosas han dado un giro importante. Las CCAA ahora gobernadas por la izquierda (Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla la Mancha) rápidamente han puesto en marcha medidas para remediar esta injusticia. El PP ha entrado con ello en un bucle de confusión y ha pasado de amenazar con multas extratosféricas a estas comunidades a iniciar tímidamente algún paso en el sentido de atender a las víctimas que ellos habían creado (así la presidenta Cifuentes en Madrid) o propagar por boca del responsable último del desaguisado (Rajoy) que esto se va a solucionar. Por fin, han hecho una propuesta para su estudio en las diferentes CCAA, proponen dar atención sanitaria a estos ciudadanos aunque con condiciones: sin entregar tarjeta sanitaria (facilitarían un documento válido solo para la Comunidad Autónoma que lo entregue y solo por una año), solo a aquellos que estén empadronados durante al menos 6 meses, que además acrediten que no tienen recursos económicos y además que se registren como usuarios del sistema.
Sólo en una cosa tiene razón el PP, la atención de todos los ciudadanos debe ser igual en todas las CCAA. No puede ser que un ciudadano tenga distintos derechos por vivir en una u otra. Todo lo demás son discursos populistas en vísperas electorales.
La única alternativa real para acabar con esta situación de injusticia y que tanto daño y dolor está creando es derogar de una vez por todas el RD Ley, porque supone una agresión al sistema y un riesgo para la salud del mismo y de todos los ciudadanos de este país. Todo lo demás solo puede entenderse como una manifestación más de la falta de solidaridad que nuestro Gobierno está demostrando con la actual crisis humanitaria que se está viviendo en el Sur de Europa con la llegada de los huídos de las guerras de Siria, Irak o Libia.
Salamanca septiembre 2015
Aurelio Fuertes.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública